El pasado martes 10 de noviembre de 2026, durante la sesión ordinaria del Concejo Municipal de Grecia, el regidor Ricardo González Díaz denunció que se estaría limitando el acceso a la información de la señora vicealcaldesa. Asimismo, manifestó que se estaría ejerciendo violencia política contra ella.

El 11 de noviembre, en una entrevista concedida al periódico Mi Tierra, la ViceAlcaldesa Alba Quesada se refirió a un correo que identificó como enviado por el alcalde. Según su explicación, en ese correo se indicaba que se la excluyera a ella y a sus asesores de la carpeta de la alcaldía y que se creara una carpeta aparte para la vicealcaldía, lo cual, según manifestó, limitaría su acceso a la información.

Sobre este tema, es importante entender que cualquier gestión de defensa de derechos debe dirigirse contra las actuaciones cuestionadas y contra quienes resulten responsables de ordenarla. A partir de la denuncia del regidor Ricardo González y de lo explicado por Alba Quesada, cabe preguntarnos: ¿qué derechos de la vicealcaldesa podrían estar siendo vulnerados?

El primer punto son sus derechos político-electorales, concretamente su derecho a obtener información municipal para ejercer efectivamente sus funciones. Si la medida descrita le impide acceder a esa información, estaríamos ante una restricción cuya lógica y justificación, a partir de lo expuesto públicamente, no encuentro claras.

Esta situación debe examinarse a la luz de la sentencia n.° 6958-E1-2016 del Tribunal Supremo de Elecciones. En esa resolución, el Tribunal estableció que la vicealcaldía primera, por su jerarquía y por la naturaleza de su mandato popular, debe mantenerse informada del quehacer diario y general de la municipalidad. Asimismo, reconoció que puede solicitar información directamente a las dependencias municipales, salvo aquella que por ley sea confidencial, sin quedar sujeta a una autorización previa de la alcaldía.

Por lo tanto, si la exclusión de las carpetas produce la limitación denunciada e impide a la vicealcaldesa consultar expedientes, dar seguimiento a sus gestiones o acceder incluso a documentos que ella misma firma, podríamos estar ante una vulneración de su derecho al ejercicio efectivo del cargo. La afectación comprendería tanto el acceso a la información como el cumplimiento del mandato que los ciudadanos de Grecia le concedieron en las urnas. También resultan relevantes los derechos de petición y acceso a la información pública reconocidos en los artículos 27 y 30 de la Constitución Política.

Un segundo punto es la posible existencia de violencia política contra la vicealcaldesa. A mi criterio, las actuaciones descritas deberían analizarse desde la Ley para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en la Política.

Su artículo 4, inciso a), contempla las conductas realizadas por acción, omisión o tolerancia, basadas en razones de género o en la identidad de género, que tengan como objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos políticos de las mujeres. Entre sus supuestos se encuentra obstaculizar total o parcialmente el ejercicio del cargo, puesto o funciones públicas.

“a) Violencia contra las mujeres en la política: toda conducta, sea por acción, omisión o tolerancia, dirigida contra una o varias mujeres que aspiren o estén en ejercicio de un cargo o una función pública, que esté basada en razones de género o en la identidad de género, ejercida de forma directa, o a través de terceras personas o por medios virtuales, que cause daño o sufrimiento y que tenga como objeto o como resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de sus derechos políticos, en uno o en varios de los siguientes supuestos:

1) Obstaculizar total o parcialmente el ejercicio del cargo, puesto o funciones públicas.

2) Forzar a la renuncia de la precandidatura, candidatura o cargo político o a lo interno de una organización social.

3) Afectar el derecho a la vida, la integridad personal y los derechos patrimoniales para impedir el libre ejercicio de los derechos políticos.

4) Perjudicar la reputación, el prestigio y la imagen pública para impedir el libre ejercicio de los derechos políticos.

La violencia contra las mujeres en la política incluye, entre otras, el acoso u hostigamiento, la violencia física, psicológica, sexual, patrimonial y simbólica.”

(el subrayado es propio)

Por ello, según mi interpretación de la lectura del correo realizada por la vicealcaldesa, si la medida obstaculiza el ejercicio de sus funciones, podríamos estar ante un supuesto de violencia contra las mujeres en la política. Considero que lo denunciado merece ser examinado para determinar si concurren estos elementos, contra la señora ViceAlcaldesa. 

El tercer punto es el posible acoso laboral. Según mi interpretación de lo explicado por Alba Quesada en la entrevista, si la restricción de información constituye una forma de aislamiento o de obstaculización de su trabajo, también podríamos estar ante conductas que ameriten ser examinadas desde esa perspectiva.

El Convenio 190 de la OIT ofrece un marco amplio para comprender la violencia y el acoso en el mundo del trabajo. Su artículo 1, inciso a), indica: 

“la expresión «violencia y acoso» en el mundo del trabajo designa un conjunto de comportamientos y prácticas inaceptables, o de amenazas de tales comportamientos y prácticas, ya sea que se manifiesten una sola vez o de manera repetida, que tengan por objeto, que causen o sean susceptibles de causar, un daño físico, psicológico, sexual o económico, e incluye la violencia y el acoso por razón de género,” 

(el subrayado es propio). 

Desde esa perspectiva, si las actuaciones descritas reúne esos elementos, podríamos estar ante un supuesto de violencia o acoso en el ámbito laboral, cuya existencia y consecuencias corresponde determinar a tutela laboral específicamente el Juzgado Laboral. Por ello, considero que la señora vicealcaldesa podría valorar las vías de tutela disponibles para defender sus derechos, que podría considerar que son violentados.

El panorama de defensa de sus derechos podría comprender, entonces, distintos ámbitos. Mi valoración parte de lo denunciado por Ricardo González y de la explicación brindada por Alba Quesada sobre el correo: si los hechos ocurrieron en los términos expuestos y se acreditan los elementos correspondientes, podríamos estar ante los supuestos antes señalados.

Lo más preocupante es que estas actuaciones puedan estar ocurriendo desde ahora, cuando aún falta casi un año para el inicio de la campaña electoral en octubre de 2027. No debemos olvidar que, ante todo, somos seres humanos y que las decisiones que afectan el desempeño de una persona también pueden repercutir en su bienestar físico y emocional. Quienes conocemos a Alba Quesada sabemos de su capacidad, su vocación de servicio y, sobre todo, de su calidad humana.

De cara al próximo proceso electoral municipal, considero que los griegos debemos prestar atención a estas denuncias y exigir que se aclaren. Si desde ahora se estuvieran presentando obstáculos al ejercicio de su cargo, cabe preguntarnos: ¿podrían intensificarse estas actuaciones contra Alba Quesada conforme se acerque la campaña electoral?